Un juez federal en Seattle detuvo temporalmente la implementación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringía el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.
El juez John Coughenour emitió la medida en respuesta a una solicitud de cuatro estados liderados por demócratas. La orden ejecutiva, firmada el lunes al inicio del mandato de Trump, buscaba impedir que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visas temporales obtuvieran automáticamente la ciudadanía. El juez calificó la medida como “descaradamente inconstitucional” durante la audiencia con representantes del Departamento de Justicia.
La decisión del juez de Seattle es la primera en un caso que promete ser el inicio de una extensa batalla legal sobre la política migratoria de la nueva administración. Actualmente, la medida enfrenta cinco demandas presentadas por organizaciones de derechos civiles y fiscales generales de 22 estados, quienes aseguran que esta viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, estipula que la ciudadanía ya no se otorgará automáticamente a los hijos de inmigrantes no autorizados, excepto si al menos uno de los padres es ciudadano o residente legal.
El decreto también ha provocado múltiples demandas en otras jurisdicciones. Una coalición de 18 estados, liderada por Massachusetts, argumenta que la medida viola derechos constitucionales y afecta económicamente a gobiernos locales al poner en riesgo fondos federales relacionados con programas de seguro médico infantil. El Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco también se unieron a la causa, alegando que el presidente no tiene autoridad para alterar enmiendas constitucionales ni leyes promulgadas.
Durante su primer mandato, Trump había amenazado con implementar medidas similares, pero nunca llegó a concretarlas. Ahora, esta nueva acción ha encendido un debate sobre los límites del poder presidencial y los principios fundamentales del derecho a la ciudadanía en Estados Unidos.
