La propuesta, que ha enfrentado rechazos previos debido a la falta de apoyo entre los republicanos, conferiría facultades extraordinarias a las fuerzas policiales locales para detener a individuos extranjeros sobre quienes exista sospecha de ingreso ilegal al estado desde el extranjero. Este proyecto se destaca como la medida más rigurosa de su tipo en los Estados Unidos.
El gobernador Greg Abbott ha desafiado durante dos años consecutivos la gestión de la crisis migratoria por parte de la administración Biden. Sus acciones incluyen el envío de autobuses con migrantes hacia el norte, la detención de miles por allanamiento, la instalación de un ‘muro flotante’ en el río Grande y la colocación de alambre de púas, entre otras medidas.
Abbott responsabiliza a Biden de la crisis migratoria, atribuyéndola a una supuesta política de fronteras abiertas. La Casa Blanca, en respuesta, sostiene que el presidente protege el debido proceso migratorio, limitado por un sistema obsoleto aprobado por el Congreso hace décadas.
El último desafío del gobernador de Texas a la jurisdicción del gobierno federal en asuntos migratorios se presenta a través de un proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso estatal. Este proyecto otorga a la policía la autoridad para arrestar a migrantes, permitiendo a jueces locales dictaminar su expulsión del país.
El proyecto establece la normativa más estricta contra la inmigración irregular en el país. Incluso un senador estatal republicano ha expresado su desacuerdo, considerándola excesiva.
¿Qué contempla el proyecto de ley que espera la firma del gobernador Abbott?
Aunque no es una novedad que las autoridades texanas arresten a inmigrantes, el proyecto crea un delito estatal por entrada no autorizada a Texas desde un país extranjero. Este delito se clasifica como leve en la primera infracción y se eleva a un delito grave en casos subsiguientes.
Además, la medida faculta a jueces o magistrados de condado a ordenar el regreso de un inmigrante detenido por ingreso ilegal, pero solo después de verificar su información de identificación y contrastarla con bases de datos estatales y federales.
Contrariamente, la ley federal de inmigración trata el ingreso indocumentado como una falta civil, no criminal. Críticos argumentan que la ley de Texas podría propiciar la discriminación racial o el arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes legales, generando temor entre los indocumentados víctimas de delitos al contactar a la policía.
La Unión para las Libertades Civiles de EEUU (ACLU) ha calificado los esfuerzos antiinmigrantes de la legislatura y el gobernador de Texas como un “ataque” a las comunidades fronterizas e inmigrantes. Advierte que se suman a los esfuerzos previos de Abbott para detener el cruce indocumentado, poniendo en riesgo a los migrantes en el río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
A pesar de la aprobación del proyecto, algunos expertos legales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes critican la clara contradicción de la propuesta con la autoridad del gobierno federal para regular la inmigración. Este nuevo desafío legal de Texas se presenta en medio de esfuerzos continuos del estado por reforzar sus políticas fronterizas, incluyendo la asignación de $1,500 millones para la construcción de más muro fronterizo.
