SAN DIEGO (AP) — La administración del presidente Donald Trump despidió a 20 jueces de inmigración sin ofrecer una explicación, según informó un representante sindical el sábado. Esta decisión se enmarca dentro de las medidas drásticas para reducir el tamaño del gobierno federal.
El viernes, fueron cesados 13 jueces que aún no habían sido juramentados y cinco jueces adjuntos de inmigración, sin previo aviso, afirmó Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a empleados federales. Además, dos jueces adicionales fueron despedidos en circunstancias similares la semana pasada.
Aún no está claro si estos jueces serán reemplazados. Hasta el sábado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia, encargada de supervisar los tribunales de inmigración y a sus aproximadamente 700 jueces, no había emitido comentarios sobre la decisión.
Los tribunales de inmigración enfrentan un retraso superior a los 3,7 millones de casos, según datos de la Oficina de Información de Acceso al Registro de Transacciones de la Universidad de Syracuse, lo que provoca que los procesos de asilo tarden años en resolverse. A pesar de que existe consenso en la necesidad de aumentar la cantidad de jueces y personal de apoyo, en su primer mandato Trump también impulsó medidas para agilizar las decisiones de los jueces.
Previamente, la administración de Trump reemplazó a cinco altos funcionarios judiciales, incluyendo a Mary Cheng, quien fungía como directora interina de la agencia. Su sucesora, Sirce Owen, exjueza de apelaciones de inmigración y actual líder de la oficina, ha implementado nuevas directrices que revierten varias políticas adoptadas durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
El mes pasado, el Departamento de Justicia suspendió temporalmente la financiación de organizaciones no gubernamentales que brindan orientación a personas en proceso de deportación. Sin embargo, tras una demanda presentada por una coalición de grupos sin fines de lucro, la financiación fue restablecida.
Los despidos reflejan dos de las principales prioridades del presidente Trump: intensificar las deportaciones y reducir el tamaño del gobierno federal. El jueves, el mandatario ordenó a las agencias despedir a casi todos los empleados en período de prueba que aún no habían obtenido protección bajo el servicio civil, lo que podría afectar a cientos de miles de trabajadores con menos de un año en sus puestos.
Biggs, el líder sindical, afirmó que no tiene certeza sobre si estos despidos forman parte de un mensaje más amplio sobre la política migratoria de la administración, pero los considera parte de un patrón que afecta a toda la fuerza laboral federal.
“Están tratando a estas personas como si no fueran seres humanos”, expresó. “Es una decisión negativa en todos los sentidos”.